El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha acordado remitir al parlamento andaluz la Agenda por el Empleo 2014/2020. Este plan económico, acordado con los principales agentes sociales de la comunidad y con una previsión presupuestaria de más de 45.000 millones de euros, establece las estrategias que se desarrollarán en los próximos siete años para recuperar el empleo perdido durante la crisis y reorientar el modelo productivo andaluz hacia criterios de competitividad, la sostenibilidad medioambiental y cohesión social y territorial, según ha indicado el portavoz del Ejecutivo andaluz, Miguel Ángel Vázquez.
El documento, que también recoge la programación de las ayudas correspondientes al nuevo marco de los fondos europeos para el mismo periodo, propone como metas fundamentales superar en 2020 los 3,2 millones de ocupados, "recuperando así los niveles previos a la crisis", y elevar el Producto Interior Bruto (PIB) de la comunidad hasta los 180.000 millones de euros. En el terreno económico también se plantea incrementar en un 20% el número de empresas de entre 10 y 50 trabajadores, elevar el peso del sector industrial hasta el 22% del Valor Añadido Bruto (VAB) y lograr que las exportaciones superen el 20% del PIB y el gasto en I+D+i alcance el 2,2%. No obstante, Vázquez ha dejado claro que el texto nace "fruto de un análisis profundo" y de "un diagnóstico realista", llevado a cabo a lo largo del último año.
A estos objetivos económicos se añaden otros de tipo social, ambiental y territorial, como reducir la tasa de riesgo de pobreza por debajo del 15% del total de la población, frente al 30% actual; superar el 20% de consumo de energía primaria procedente de fuentes renovables; incrementar en más de un 20% el nivel de eficiencia energética, y reducir en un 10% las emisiones de gases de efecto invernadero.
La nueva agenda sustituye a la anterior Estrategia para la Competitividad de Andalucía 2007-2013 y consolida una trayectoria de más de tres décadas en la que se han aprobado seis grandes planes económicos, orientados por otros tantos acuerdos de diálogo social entre la Junta y las principales organizaciones sindicales y empresariales. En la elaboración del plan que ahora se aprueba, además de la Confederación de Empresarios de Andalucía y los sindicatos UGT y CCOO, también han participado otros agentes sociales representativos de la economía social, los trabajadores autónomos y los consumidores y usuarios, con un "amplio consenso social".
Para el portavoz del Gobierno, "la planificación ha sido y es una seña de identidad de la política economíca de la Junta Andalucía". De hecho, ha continuado, "se ha venido materializando en distintos acuerdos consensuados con los agentes económicos y sociales que han dado resultados satisfactorios", por lo que "pese a la crisis, se puede decir que esta política económica ha transformado Andalucía".
El texto fija como principales líneas estratégicas las encaminadas a la generación de empleo; el fortalecimiento de las pymes; la inclusión social y lucha contra la pobreza; la mejora de la competitividad, la innovación y el conocimiento; el desarrollo de la economía digital; la reactivación industrial; la transparencia institucional, y la sostenibilidad medioambiental, energética y de transportes. En los 45.305 millones de euros previstos para llevar a cabo estas políticas, ha explicado Miguel Ángel Vázquez, la Junta aportará 21.113, mientras que el resto serán exigidos por el Gobierno andaluz al Estado en concepto de inversiones para los próximos siete años. En total 24.191 millones, computando 6.838 millones de fondos europeos, 2.299 millones por la deuda contraída en orden al incumplimiento de la Diposición Adicional Tercera del Estatuto de Autonomía, 13.813 de las inversiones del Estado según el criterio de población y 1.241 del Fondo de Compensación Interterritorial, según el portavoz del Gobierno.
En este sentido, Vázquez ha destacado que Andalucía "hace un gran esfuerzo para apostar por el crecimiento económico y la creación de empleo", pero, ha asegurado, "la competencia es de la Unión europea y el Gobierno de España", administraciones a las que ha instado a sumarse a "un cambio de registro" de su política económica "hacia el crecimiento" y a abandonar medidas "que están provocando sufrimiento a la ciudadanía".
De acuerdo con los objetivos planteados, la Agenda por el Empleo establece 1.512 medidas distribuidas en once grandes ejes de intervención y tres líneas estratégicas: una económica, centrada en el empleo y la competitividad; una ambiental y territorial para un modelo productivo más sostenible, y otra social e institucional orientada a la cohesión y a un crecimiento al servicio de las personas.
Estos once ejes son los relativos a investigación, desarrollo tecnológico e innovación; tecnologías de la información y la comunicación; competitividad de las pymes; transición a una economía baja en carbono; prevención del cambio climático; protección ambiental; promoción del transporte sostenible y de las infraestructuras; empleo y movilidad laboral; lucha contra la exclusión social; educación y aprendizaje permanente, y mejora de la capacidad institucional y de la eficiencia de la administración pública.
Fondos europeos
La Agenda por el Empleo aprobada, que también será remitida a la Comisión Europea, coincide en su periodo de aplicación con el nuevo marco de los fondos europeos. Este nuevo escenario está marcado no sólo por la disminución global de recursos, que se produce por primera vez en la Unión (especialmente en la política de cohesión, con un 8,4% menos), sino también por el descenso que afectará a Andalucía al pasar de "región de convergencia" a "región en transición".
Entre 2014 y 2020 la comunidad gestionará un gasto 7.742,77 millones de euros, lo que supone un 14,82% menos que en el marco anterior. Esta cantidad podría incrementarse en alrededor de 1.500 millones con la aplicación de la cláusula de revisión de 2016, en función de la situación económica y las perspectivas de crecimiento.
Pese a la disminución, la Agenda por el Empleo se verá respaldada en algunos de sus ejes principales por los nuevos reglamentos del marco de fondos europeos, que obligan a destinar un mínimo de recursos para aquellas políticas más directamente vinculadas a la reorientación del modelo productivo. Así, en las referidas a I+D, pymes y tecnologías de la información y la comunicación, la aplicación de la normativa comunitaria supondrá una concentración de gasto de casi 1.500 millones de euros. De igual modo, para políticas de economía baja en carbono se garantiza un mínimo de 398 millones, además de 282 millones para la lucha contra la pobreza y la exclusión social y 392 para el fomento del empleo juvenil.
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