El Grupo Municipal de Izquierda Unida en Sevilla preguntará al Gobierno de Zoido en el próximo Pleno ordinario del Ayuntamiento por el presunto fraude que el delegado del Distrito Norte, Juan García Camacho, podría estar cometiendo a cuenta del uso indebido de una vivienda de protección oficial (VPO), que en 2005 le fue adjudicada por Emvisesa en el barrio de Pino Montano.
Se trata del último paso que la federación de izquierdas se ha visto obligada a dar a fin de esclarecer este tema “tan grave” sobre el que el PP se ha negado a ofrecer ningún tipo de explicación hasta la fecha. Así lo ha señalado este martes el portavoz municipal de IU, Antonio Rodrigo Torrijos, quien considera “absolutamente escandaloso” el silencio cómplice que el Ejecutivo local, y más específicamente el alcalde, vienen manteniendo ante las supuestas irregularidades de la vivienda de García Camacho.
En concreto, IU preguntará a Zoido qué opinión le merece el hecho de que un concejal de su equipo de gobierno no habite regularmente, como él mismo ha reconocido a la prensa, el piso de protección oficial que en su día se le otorgó, aun cuando la normativa de Emvisesa establece claramente que las VPO han de destinarse a residencia habitual y permanente por sus adquirentes.
Asimismo, el grupo de Izquierda Unida quiere saber qué le parece al alcalde que el señor García Camacho fuera ya propietario de otra vivienda en la zona de Parque Flores cuando se le adjudicó el piso de protección oficial y si cree que obró correctamente al no reflejar en su declaración de Bienes --presentada ante el Ayuntamiento-- alguna circunstancia familiar que justificara una situación tan indefendible jurídicamente.
Además de estas cuestiones, IU preguntará también al alcalde por qué sigue sin responder al escrito que Torrijos le envió hace más de quince días, donde le solicitaba información sobre este asunto, y si ha adoptado ya algún tipo de medida al respecto. Y es que, a juicio de la federación de izquierdas, existen sobradas razones para que el Ayuntamiento hispalense abra una investigación a fondo sobre dicho caso y depure responsabilidades; máxime, cuando son muchos los vecinos de Pino Montano que aseguran que García Camacho ha estado incluso alquilando su VPO a una tercera persona durante varios años.
Desde IU no logran entender el mutismo mostrado hasta hoy por Zoido ante un hecho “sumamente lamentable” y, mucho menos –ha añadido Torrijos--, en un contexto de emergencia social y habitacional como el presente, en el que hay cerca de 17.000 sevillanos registrados en las listas de espera de Emvisesa para poder acceder a un piso protegido y en el que más de 200 VPO de esta empresa municipal permanecen vacías. “Esperemos al menos que esta vez el alcalde no se esconda, como suele hacer en los plenos, y que aclare lo que tenga que aclarar sobre la VPO de García Camacho”, ha concluido el portavoz de IU.
AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO
A
finales del pasado mes de junio, nos enterábamos por los medios de comunicación
del presunto fraude que el delegado municipal del Distrito Norte, Juan Ignacio
Camacho, puede estar cometiendo a cuenta del supuesto uso indebido de una
vivienda de protección oficial (VPO), ubicada en el barrio de Pino Montano, que
le fue adjudicada en 2005 por Emvisesa.
Según
las informaciones aparecidas en prensa, García Camacho solicitó la VPO a pesar
de que en aquel momento ya era propietario, junto con su esposa, de otro piso
situado en la zona de Parque Flores.
Una vez
conocida la noticia, el concejal del PP ha tratado de sortear este escándalo
asegurando que por entonces había roto la convivencia familiar y que, tras
ceder el disfrute de su primer piso a su ex mujer, no tenía ningún sitio donde
vivir. Pero lo cierto y verdad es que esa circunstancia personal nunca la ha
reflejado en su declaración de Bienes presentada ante el Ayuntamiento, (donde
siempre ha figurado como copropietario de ambas casas), lo que le deja en una
situación jurídica difícilmente defendible y, mucho menos, comprensible.
Por si
esta cuestión no fuera ya de por sí grave, en paralelo ha trascendido también
que el delegado municipal del Distrito Norte no ha estado ocupando regularmente
su vivienda de protección oficial, extremo que él mismo ha corroborado sin
ningún tipo de pudor ante varios medios de comunicación, a pesar de que la
normativa de Emvisesa establece claramente que las VPO han de destinarse a residencia
habitual y permanente por sus adquirentes.
Acredita
esta realidad, además, el hecho de que hasta cuatro organismos oficiales
diferentes, incluidos el propio Ayuntamiento y su Agencia Tributaria, se hayan
visto obligados a recurrir al BOP, a lo largo de los últimos cinco años, a fin
de notificarle a García Camacho diversos asuntos que le afectaban directamente
(diligencias de embargos de sueldos y pensiones, de multas...), al no haber
logrado localizarlo previamente en su domicilio fiscal.
Si a ello
añadimos que muchos vecinos de Pino Montano sostienen que García Camacho ha
estado alquilando la VPO a una tercera persona, consideramos que sobran las
razones para que el Ayuntamiento investigue a fondo el tema y, llegado el
momento, depure las responsabilidades políticas pertinentes.
Desde el
Grupo Municipal de Izquierda Unida llevamos varias semanas reclamando sin
suerte al Gobierno local algún tipo de explicación sobre las irregularidades en
las que parece estar incurriendo el concejal del PP.
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