El presidente de la Junta, José Antonio Griñán, ha advertido que la violencia machista "es un problema social y debe ser la propia sociedad, mediante una movilización activa y una lucha sin descanso contra la desigualdad la que asuma el papel decisivo para su erradicación".
Griñán, que presidió en San Telmo la firma del Procedimiento de Coordinación y Cooperación Institucional para la Mejora en la Actuación ante la Violencia de Género en Andalucía, ha incidido en que "debemos continuar trabajando para que haya un mayor conocimiento de la realidad de la violencia, porque sólo desde este conocimiento puede haber un debate capaz de abordar a fondo esta lacra y hacerlo además con mayor eficacia".
En este sentido, ha apuntado que tras las manifestaciones de violencia física contra las mujeres se encuentran elementos "que forman parte de una ideología aún dominante que hace pervivir la desigualdad entre hombres y mujeres".
El presidente de la Junta ha explicado que incluso en los casos de violencia machista con víctimas mortales "se suelen escuchar razones que suenan a explicación de ese caso concreta", como son el abuso de alcohol o de drogas, los ataques de celos o el "crimen pasional", unas "concausas" que "desvían la atención del núcleo del problema".
Según Griñán, "el asesinato es el aspecto más evidente y más espantoso de una realidad que, en la inmensa mayoría de los casos, permanece en la invisibilidad".
"Hay que corregir esa tendencia equivocada a equiparar la violencia de género con el maltrato físico, porque la violencia de género se ejerce para conseguir un resultado y si, para conseguir el objetivo de control y el dominio de la mujer no hace falta recurrir a la fuerza física, sino que solo hace falta atemorizar, asustar, controlar, dominar... no habrá maltrato físico pero habrá violencia de género", ha señalado.
Roles sociales y doble moral
El presidente de la Junta ha remarcado además que "cuando la sociedad crea roles sociales que imponen la desigualdad, cuando impone una doble moral mucho más permisiva para los varones, cuando acepta que la mujer no sea dueña de sus propias decisiones o cuando el reproche social crea una conciencia de sumisión, estamos ya habilitando el ejercicio de la violencia".
La violencia "busca el control, el dominio, el sometimiento, el privilegio del agresor y su dominio sobre la mujer" y no se produce solo en el ámbito doméstico, sino que se trata, según Griñán, de una "violencia social que, a veces, encuentra la impunidad en las propias formas de organización social o en la propia ideología dominante que admite comportamientos en el hombre que se le reprochan a la mujer o que impone responsabilidades a la mujer que no se las impone al varón".
José Antonio Griñán se ha referido además a las "consecuencias de la exposición a la violencia" de los menores y ha dicho que no existe un perfil del maltratador, porque "ese comportamiento no deriva de una patología sino que deriva de una voluntad y lo hace posible una sociedad que aún está muy lejos de enfrentarse con decisión a la desigualdad real entre hombres y mujeres".
Por ello, para acabar con la violencia de género son importantes las medidas que se adopten desde las instituciones, pero, junto a ellas, "hay que trabajar por la igualdad" contando con la educación como "instrumento decisivo" al "no aceptar discriminación alguna desde la misma instancia".
23 víctimas mortales en 2013, cuatro en Andalucía
Por su parte, la consejera de la Presidencia e Igualdad, Susana Díaz, ha lamentado los últimos casos de violencia de género en España que han dejado 23 víctimas mortales en lo que va de año, cuatro de ellas en Andalucía. En su opinión, estas cifras "engrosan una estadística inasumible en una sociedad democrática", por lo que ha demandado a todas las instituciones "que no permanezcan impasibles" y que actúen "con contundencia".
Por este motivo, se ha felicitado de la firma del protocolo ya que "pone sobre la mesa una herramienta mejorada que responde a la necesidad de nuevas estrategias, de integrar nuevos ámbitos y compromisos y de buscar la unidad de acción de todas las instituciones". Asimismo, ha destacado que con él las víctimas no sólo van a recibir "mejor atención social, sanitaria y policial", sino que "simplifica también los pasos para que no las obliguemos a recorrer cada una de nuestras instituciones, contribuyendo de esa manera a una victimización secundaria".
La consejera ha concluido recordando el compromiso del Gobierno andaluz con la igualdad y ha subrayado que "seguiremos atajando la raíz del problema y potenciando las políticas públicas en esta materia, porque para nosotros éste es un principio irrenunciable".
Detalles del Procedimiento
El Procedimiento de Coordinación y Cooperación Institucional para la Mejora en la Actuación ante la Violencia de Género en Andalucía, de manera pionera en España, incorpora por primera vez a los agentes sociales (sindicatos y empresas) en un procedimiento institucional para la prevención y actuación frente a la violencia de género, e incluye como víctimas directas del maltrato a los hijos e hijas de mujeres víctimas.
Se trata de las dos principales novedades de un acuerdo que cuenta con la firma de siete consejerías implicadas (Presidencia e Igualdad; Administración Local y Relaciones Institucionales; Justicia e Interior; Educación; Economía, Innovación, Ciencia y Empleo; Fomento y Vivienda y Salud y Bienestar Social), además de la Delegación del Gobierno central en Andalucía, el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, la Fiscalía Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma de Andalucía, la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, la Confederación de Empresarios de Andalucía y los sindicatos mayoritarios, UGT-A y CCOO-A.
El acuerdo, que renueva el procedimiento de coordinación creado en 1998 y actualizado en 2004 (tras la aprobación de la Ley integral contra la Violencia de Género), tiene como objetivo mejorar la atención (social, sanitaria, policial, judicial...) a la víctima, evitándole demasiados pasos por el sistema o repeticiones del relato de su situación (lo que contribuye a la victimización secundaria), así como mejorar la atención a menores hijos de víctimas, que son también víctimas directas de violencia de género.
El objeto, por tanto, de este acuerdo es vertebrar y cohesionar las políticas públicas, institucionales y organizativas en materia de igualdad.
Entre las principales novedades, el acuerdo incorpora el compromiso de incluir a los hijos de las mujeres víctimas de violencia de género como víctimas directas de dicha violencia, para su correcta inclusión en las estadísticas, y, en consecuencia, el incremento de las medidas de protección y atención.
Y, aunque la principal novedad son los menores, también incluye la creación de un Sistema de Información Coordinado de Actuaciones que funcione como un circuito o itinerario que organice la actuación institucional para hacer más eficaz la intervención. Para ello, se elaborará un Plan Individual de Actuación que determine las necesidades concretas de las víctimas (mujer y menores a su cargo) y tome las decisiones más adecuadas, es decir, qué hacer, cómo llevar a cabo las actuaciones y qué institución tiene competencia para realizarlo.
Junto a ello, destaca la inclusión del ámbito sociolaboral en las competencias de prevención y detección de la violencia de género, lo que supone que los agentes sociales participarán en la elaboración y aplicación de protocolos de actuación ante casos de violencia de género que se puedan detectar desde el propio ámbito laboral. Este paso supone una implicación social pionera, ya que incorpora a las empresas, sindicatos y personas trabajadoras en la ayuda directa a la víctima, más allá del ámbito personal de la misma.
Otra novedad es la incorporación de la Consejería de Educación al procedimiento institucional, lo que permitirá que desde el ámbito escolar se detecte, a través de los menores, la existencia de casos de violencia de género, y se pueda actuar bajo un protocolo coordinado.
El acuerdo también incorpora el compromiso de elaborar un Protocolo Marco de Coordinación y Cooperación Institucional, que aunará todos los protocolos existentes, y que permitirá crear un modelo de Sistema de Información Coordinado de Actuaciones, una especie de "circuito marco" que facilite y organice el paso de la mujer de un ámbito a otro. Asimismo, se creará un Plan Individual de Actuación que determine qué se debe hacer para ayudar a la víctima de violencia de género, en qué momento y quién tiene competencias para realizarlo.
El acuerdo contempla finalmente la creación de una comisión de seguimiento, que elaborará el citado protocolo marco y el plan individual, además de evaluar resultados y proponer medidas correctoras.
Griñán, que presidió en San Telmo la firma del Procedimiento de Coordinación y Cooperación Institucional para la Mejora en la Actuación ante la Violencia de Género en Andalucía, ha incidido en que "debemos continuar trabajando para que haya un mayor conocimiento de la realidad de la violencia, porque sólo desde este conocimiento puede haber un debate capaz de abordar a fondo esta lacra y hacerlo además con mayor eficacia".
En este sentido, ha apuntado que tras las manifestaciones de violencia física contra las mujeres se encuentran elementos "que forman parte de una ideología aún dominante que hace pervivir la desigualdad entre hombres y mujeres".
El presidente de la Junta ha explicado que incluso en los casos de violencia machista con víctimas mortales "se suelen escuchar razones que suenan a explicación de ese caso concreta", como son el abuso de alcohol o de drogas, los ataques de celos o el "crimen pasional", unas "concausas" que "desvían la atención del núcleo del problema".
Según Griñán, "el asesinato es el aspecto más evidente y más espantoso de una realidad que, en la inmensa mayoría de los casos, permanece en la invisibilidad".
"Hay que corregir esa tendencia equivocada a equiparar la violencia de género con el maltrato físico, porque la violencia de género se ejerce para conseguir un resultado y si, para conseguir el objetivo de control y el dominio de la mujer no hace falta recurrir a la fuerza física, sino que solo hace falta atemorizar, asustar, controlar, dominar... no habrá maltrato físico pero habrá violencia de género", ha señalado.
Roles sociales y doble moral
El presidente de la Junta ha remarcado además que "cuando la sociedad crea roles sociales que imponen la desigualdad, cuando impone una doble moral mucho más permisiva para los varones, cuando acepta que la mujer no sea dueña de sus propias decisiones o cuando el reproche social crea una conciencia de sumisión, estamos ya habilitando el ejercicio de la violencia".
La violencia "busca el control, el dominio, el sometimiento, el privilegio del agresor y su dominio sobre la mujer" y no se produce solo en el ámbito doméstico, sino que se trata, según Griñán, de una "violencia social que, a veces, encuentra la impunidad en las propias formas de organización social o en la propia ideología dominante que admite comportamientos en el hombre que se le reprochan a la mujer o que impone responsabilidades a la mujer que no se las impone al varón".
José Antonio Griñán se ha referido además a las "consecuencias de la exposición a la violencia" de los menores y ha dicho que no existe un perfil del maltratador, porque "ese comportamiento no deriva de una patología sino que deriva de una voluntad y lo hace posible una sociedad que aún está muy lejos de enfrentarse con decisión a la desigualdad real entre hombres y mujeres".
Por ello, para acabar con la violencia de género son importantes las medidas que se adopten desde las instituciones, pero, junto a ellas, "hay que trabajar por la igualdad" contando con la educación como "instrumento decisivo" al "no aceptar discriminación alguna desde la misma instancia".
23 víctimas mortales en 2013, cuatro en Andalucía
Por su parte, la consejera de la Presidencia e Igualdad, Susana Díaz, ha lamentado los últimos casos de violencia de género en España que han dejado 23 víctimas mortales en lo que va de año, cuatro de ellas en Andalucía. En su opinión, estas cifras "engrosan una estadística inasumible en una sociedad democrática", por lo que ha demandado a todas las instituciones "que no permanezcan impasibles" y que actúen "con contundencia".
Por este motivo, se ha felicitado de la firma del protocolo ya que "pone sobre la mesa una herramienta mejorada que responde a la necesidad de nuevas estrategias, de integrar nuevos ámbitos y compromisos y de buscar la unidad de acción de todas las instituciones". Asimismo, ha destacado que con él las víctimas no sólo van a recibir "mejor atención social, sanitaria y policial", sino que "simplifica también los pasos para que no las obliguemos a recorrer cada una de nuestras instituciones, contribuyendo de esa manera a una victimización secundaria".
La consejera ha concluido recordando el compromiso del Gobierno andaluz con la igualdad y ha subrayado que "seguiremos atajando la raíz del problema y potenciando las políticas públicas en esta materia, porque para nosotros éste es un principio irrenunciable".
Detalles del Procedimiento
El Procedimiento de Coordinación y Cooperación Institucional para la Mejora en la Actuación ante la Violencia de Género en Andalucía, de manera pionera en España, incorpora por primera vez a los agentes sociales (sindicatos y empresas) en un procedimiento institucional para la prevención y actuación frente a la violencia de género, e incluye como víctimas directas del maltrato a los hijos e hijas de mujeres víctimas.
Se trata de las dos principales novedades de un acuerdo que cuenta con la firma de siete consejerías implicadas (Presidencia e Igualdad; Administración Local y Relaciones Institucionales; Justicia e Interior; Educación; Economía, Innovación, Ciencia y Empleo; Fomento y Vivienda y Salud y Bienestar Social), además de la Delegación del Gobierno central en Andalucía, el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, la Fiscalía Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma de Andalucía, la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, la Confederación de Empresarios de Andalucía y los sindicatos mayoritarios, UGT-A y CCOO-A.
El acuerdo, que renueva el procedimiento de coordinación creado en 1998 y actualizado en 2004 (tras la aprobación de la Ley integral contra la Violencia de Género), tiene como objetivo mejorar la atención (social, sanitaria, policial, judicial...) a la víctima, evitándole demasiados pasos por el sistema o repeticiones del relato de su situación (lo que contribuye a la victimización secundaria), así como mejorar la atención a menores hijos de víctimas, que son también víctimas directas de violencia de género.
El objeto, por tanto, de este acuerdo es vertebrar y cohesionar las políticas públicas, institucionales y organizativas en materia de igualdad.
Entre las principales novedades, el acuerdo incorpora el compromiso de incluir a los hijos de las mujeres víctimas de violencia de género como víctimas directas de dicha violencia, para su correcta inclusión en las estadísticas, y, en consecuencia, el incremento de las medidas de protección y atención.
Y, aunque la principal novedad son los menores, también incluye la creación de un Sistema de Información Coordinado de Actuaciones que funcione como un circuito o itinerario que organice la actuación institucional para hacer más eficaz la intervención. Para ello, se elaborará un Plan Individual de Actuación que determine las necesidades concretas de las víctimas (mujer y menores a su cargo) y tome las decisiones más adecuadas, es decir, qué hacer, cómo llevar a cabo las actuaciones y qué institución tiene competencia para realizarlo.
Junto a ello, destaca la inclusión del ámbito sociolaboral en las competencias de prevención y detección de la violencia de género, lo que supone que los agentes sociales participarán en la elaboración y aplicación de protocolos de actuación ante casos de violencia de género que se puedan detectar desde el propio ámbito laboral. Este paso supone una implicación social pionera, ya que incorpora a las empresas, sindicatos y personas trabajadoras en la ayuda directa a la víctima, más allá del ámbito personal de la misma.
Otra novedad es la incorporación de la Consejería de Educación al procedimiento institucional, lo que permitirá que desde el ámbito escolar se detecte, a través de los menores, la existencia de casos de violencia de género, y se pueda actuar bajo un protocolo coordinado.
El acuerdo también incorpora el compromiso de elaborar un Protocolo Marco de Coordinación y Cooperación Institucional, que aunará todos los protocolos existentes, y que permitirá crear un modelo de Sistema de Información Coordinado de Actuaciones, una especie de "circuito marco" que facilite y organice el paso de la mujer de un ámbito a otro. Asimismo, se creará un Plan Individual de Actuación que determine qué se debe hacer para ayudar a la víctima de violencia de género, en qué momento y quién tiene competencias para realizarlo.
El acuerdo contempla finalmente la creación de una comisión de seguimiento, que elaborará el citado protocolo marco y el plan individual, además de evaluar resultados y proponer medidas correctoras.
No hay comentarios:
Publicar un comentario