* Izquierda Unida denuncia el
endurecimiento de los requisitos para poder acogerse a este servicio municipal y el veto, claramente
discriminatorio, que el PP establece a aquellas personas con dificultades de
integración social y cultural
El portavoz de
Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Rodrigo Torrijos, ha lamentado
este miércoles la enésima involución que el Gobierno local del PP ha consumado
en la ciudad al dejar sin efecto la normativa que regulaba hasta ahora los
realojos temporales para personas sin recursos en viviendas del parque social
municipal y su sustitución por otro procedimiento “mucho más restrictivo y regresivo”.
Para
Torrijos, los nuevos criterios que el PP ha impuesto en el Consejo de la
Gerencia de Urbanismo, con el voto en contra de IU, vienen a certificar la
desaparición de las políticas de solidaridad que la federación de izquierdas
había sostenido durante su etapa de gobierno en Sevilla a través del Parque
Social de Vivienda y la Oficina de Atención al Inquilino en Situación de Abuso
(Otainsa), instrumentos que, como es sabido, fueron eliminados por Zoido nada más
comenzar el presente mandato.
Según ha
indicado Torrijos, los inquilinos de una vivienda no tienen por qué asumir el
coste de un realojo provocado por la realización de obras de seguridad y
conservación en su edificio, siempre y cuando haya sido la Gerencia de
Urbanismo la que ordene a los propietarios la correspondiente orden de
ejecución. De ahí que “nuestra fuerza política se oponga firmemente a cobrar una
renta mínima de 100 euros al mes a personas que, en la mayoría de los casos,
son víctimas de asustaviejas y cuyo nivel de ingresos es ya de por sí bastante
limitado”, ha explicado el portavoz de IU.
“Volvemos a
constatar la insensibilidad del Gobierno de Zoido con los más débiles”, ha
aseverado Torrijos, quien ha denunciado, además, el endurecimiento de los
requisitos que, a partir de ahora, han de cumplirse para acogerse a estos
realojos temporales: “Se añaden nuevas trabas relacionadas con la titularidad
de los contratos de alquiler y con los ingresos familiares. Y lo que es aún más
sangrante: se establece un veto claramente discriminatorio a personas con
dificultades de integración social y cultural”, ha subrayado.
“¿Cómo es
posible que el Ayuntamiento de Sevilla, en un contexto de emergencia
habitacional como el actual, en vez de incrementar sus actuaciones para hacer
frente al problema de la vivienda, se dedique, sin embargo, a recortarlas en
perjuicio de los más desfavorecidos?”, se ha preguntado Torrijos.
Finalmente, el
portavoz de IU ha enmarcado “este último paso” dentro de una hoja de ruta más
amplia del PP que, según ha precisado, tiene como objetivo desmantelar cuanto
antes las políticas locales de vivienda en la capital hispalense. Y es que, en
su opinión, esta medida no constituye un hecho aislado, sino que se suma a “una
cadena de despropósitos anteriores” del Gobierno de Zoido, entre los que ha
destacado la paralización del plan municipal de vivienda, la suspensión de las
condiciones de adjudicación de los pisos sociales, la renuncia a construir ni
una sola de las 1000 VPO prometidas al año o su negativa a adaptar los
alquileres de Emvisesa a las circunstancias económicas actuales.
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