"Zoido -Juan Ignacio Zoido, que fue delegado del Gobierno en Andalucía durante el período investigado- y el Gobierno de España no tienen nada que ver con las pólizas", ha aseverado Arenas, quien ha dejado claro que las ayudas estatales a esos ERE eran "correctas y el problema está en la póliza y, a lo mejor, en la 1096 que no se sabe si es consecuencia o no de un ERE", aunque no dio más detalles.
Ante el requerimiento del representante del PSOE Jesús María Ruiz García, suscribió las palabras del presidente del PP andaluz, Juan Ignacio Zoido, que compareció ayer en calidad de delegado del gobierno en Andalucía en la etapa analizada, y ha asegurado que dijo la "verdad", es decir, que no había ningún intruso (persona que no había trabajado en la empresa) en los ERE de la Faja Pirítica.
También quiso dejar claro que como ministro de administraciones públicas no tenía competencias en este asunto y nunca se abordó en el Consejo de Ministros, así como que nunca dio instrucciones a Zoido cuando era delegado del Gobierno en Andalucía referida a asuntos laborales ni hubo presiones partidistas.
Sin embargo, el socialista ha apuntado la posibilidad de que Zoido presionara a la inspección de Trabajo para modificar los coeficientes que permitieron incluir como mineros a personas que trabajaban en la mina en labores de limpieza y de administración y se llamara a dos testigos para que dieran fe de ello.
Arenas ha contestado que la inspección de Trabajo depende funcionalmente de la Junta y orgánicamente del Ministerio, y ha remachado que el comportamiento de Zoido y Zaplana -Eduardo Zaplana, que era en esa época ministro de Trabajo del PP- fue "impecable y con respeto absoluto a los técnicos".
Además, ha alegado que el exministro de Trabajo Valeriano Gómez ha dicho en el Congreso que la intervención del Ministerio en la Faja Pirítica fue "estricta, rigurosa y con todos los controles".
El diputado socialista le preguntó los motivos por los que el Ministerio de Trabajo no publicó las ayudas concedidas a la Faja Pirítica, y respondió que no se está obligado por una orden de 1995, que precisamente se elaboró en la etapa al frente del ministerio de Trabajo de José Antonio Griñán, ha recordado.
"El gato está en si publican los listados de las aseguradoras y las pólizas", ha insistido Arenas.
El representante socialista le mostró una fotografía de una reunión de Zoido con representantes sindicales de la Faja Pirítica para preguntar: "¿La presencia de Zoido para amañar un procedimiento no implica responsabilidad política de él y de usted?, y Arenas le respondió que esa foto no la vio pero la relativizó al decir que "ha visto multitud de fotos" de reuniones similares.
"Si usted habla de elucubración y amañamiento, digáselo a los jueces", le ha espetado Arenas al representante del PSOE, quien también ha sacado a colación el nombre de Manuel Blanco, un funcionario expedientado por "sustraer documentos que usó" el exsecretario general del PP-A Antonio Sanz y que el PP nombró gerente de Mercasevilla.
También ha expuesto el caso de Cristina Ruiz, que iba en las listas del PP por Córdoba y su padre está imputado como intruso en un ERE, y en este sentido Arenas le recordó que no es militante del PP y que renunció cuando el partido supo su relación con el caso.
La representante de IU Alba Doblás requirió a Arenas una explicación sobre la operación para valorar el "agujero en 1.500 millones" y le pidió que no se adelante a la justicia y que no ponga bajo a sospecha a miles de trabajadores que tienen derecho a cobras las pólizas de los ERE.
Arenas explicó que la cifra corresponde a los fondos del programa 31L ( ayudas a empresas en crisis) entre 2001 y 2010, que superó los 1.400 millones, y ha admitido que hay "muchos beneficiarios de buena fe".
En su primera intervención, destacó que ha quedado claro que los informes de la Intervención que alertaban de irregularidades llegaron a las "más altas instancias de la Junta" y que "hay un antes y un después en la comisión" marcado por la comparecencia del interventor general de la Junta entre 2001 y 2010, Manuel Gómez, y, por ello, se ha mostrado convencido de que el expresidente andaluz Manuel Chaves y el presidente, José Antonio Griñán, son los que "tienen las respuestas" a las preguntas para esclarecer el caso.
Finaliza la información de Canal Sur afirmando que como broche final ha abogado por un "acuerdo para defender la decencia de la vida pública" y confió en que la comisión parlamentaria sirva para depurar responsabilidades políticas, para recuperar el dinero y para cambiar la ley de la Hacienda andaluza para que no se vuelven a repetir casos como este.
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