Juan Manuel López Espadas y José Acevedo, dos vecinos de Camas beneficiarios de prejubilaciones supuestamente fraudulentas citados por la titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, en el marco de la investigación sobre la supuesta trama que se descubrió en numerosos expedientes de Regulación de Empleo (ERE) promovidos por la Junta de Andalucía, se acogieron a su derecho a no declarar y solamente se limitaron a ratificar su declaración policial.
Asimismo también fue citado a declarar otro vecino de Camas, José Antonio García Prieto, que ya presentó su dimisión como secretario de Política Municipal de la Agrupación socialista de la localidad, cuando se conoció su prejubilación en una empresa para la que nunca había trabajado.
La magistrada Mercedes Alaya investiga esta posible trama de prejubilaciones fraudulentas financiadas con fondos autonómicos y su relación con el acuerdo rubricado, en 2001, entre la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social y el antiguo Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), al objeto de librar 647.869.157,45 euros durante los últimos años en concepto de ayudas a la reestructuración de empresas en crisis. Según ls investigaciones, parece ser que con la citada fórmula, el IFA actuaba como institución pagadora de las subvenciones y los libramientos de ayudas habrían eludido la Ley autonómica de Hacienda Pública y la fiscalización administrativa.
Por otra parte, ABC de Sevilla recoge esta información sobre la supuesta trama de los ERE: La juez Mercedes Alaya ha dado un paso más en la investigación que lleva a cabo sobre la trama de ERE fraudulentos en la Junta de Andalucía al apuntar directamente al presidente del Gobierno andaluz, José Antonio Griñán, como conocedor de que el procedimiento utilizado en la Consejería de Empleo para suministrara la ayudas bajo sospecha era totalmente inadecuado.
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