El presidente de la Junta, José Antonio Griñán, y el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, han coincidido en que existe "margen legal suficiente para que la voz de Andalucía siga siendo predominante en relación al Guadalquivir". Griñán y Zapatero han mantenido una reunión de trabajo en el Palacio de la Moncloa para analizar la sentencia del Tribunal Constitucional que ha anulado el artículo 51 del Estatuto de Autonomía de Andalucía, que establecía la competencia exclusiva de la Junta sobre las aguas del Guadalquivir que transcurren por el territorio de la comunidad.
Al término de este encuentro, el presidente de la Junta ha explicado que ha acordado con el jefe del Ejecutivo la convocatoria, el miércoles 30 de marzo, de la Comisión Bilateral Junta de Andalucía-Estado.
Este encuentro persigue, como primer objetivo, dar el visto bueno a un Real Decreto que aprobaría una encomienda transitoria de gestión del Gobierno central a la Junta de Andalucía del listado de transferencias sobre el Guadalquivir que se encontraban bajo control autonómico y que ahora se han visto afectadas por el fallo del Constitucional.
Este Real Decreto, ha precisado José Antonio Griñán, servirá para "garantizar la seguridad jurídica hasta tanto se acuerde la norma que definitivamente gobierne la gestión del Guadalquivir a partir de la sentencia del TC".
En este sentido, el segundo objetivo de la Comisión Bilateral Junta-Estado será analizar los puntos que han de regir el nuevo modelo de gestión sobre el Guadalquivir y la normativa que lo ha de poner en marcha. El presidente de la Junta ha afirmado que este modelo "se apoyará también en el Estatuto de Autonomía para Andalucía, toda vez que se han declarado plenamente constitucionales sus artículos 43 y 50".
Según ha explicado Griñán, se garantizarán los principios de unidad de cuenca, la participación de las comunidades autónomas por las que de forma muy minoritaria también discurre el Guadalquivir y los principios que el artículo 51 ya reservaba al Estado, como el ciclo hidrológico, las normas básicas de protección del medio ambiente y las obras hidráulicas de interés general.
A partir de ahora, según el presidente de la Junta, comienza un "trabajo complejo de arquitectura jurídica" basado en el respeto al fallo del Constitucional y a las competencias del Estado y de otras comunidades autónomas para salvaguardar la "máxima capacidad de decisión de la Junta de Andalucía en la gestión de su río".
José Antonio Griñán ha agradecido la "sensibilidad" del presidente del Gobierno y la celeridad con la que se ha celebrado esta reunión de trabajo, apenas una semana después de la sentencia del Tribunal Constitucional.
Al término de este encuentro, el presidente de la Junta ha explicado que ha acordado con el jefe del Ejecutivo la convocatoria, el miércoles 30 de marzo, de la Comisión Bilateral Junta de Andalucía-Estado.
Este encuentro persigue, como primer objetivo, dar el visto bueno a un Real Decreto que aprobaría una encomienda transitoria de gestión del Gobierno central a la Junta de Andalucía del listado de transferencias sobre el Guadalquivir que se encontraban bajo control autonómico y que ahora se han visto afectadas por el fallo del Constitucional.
Este Real Decreto, ha precisado José Antonio Griñán, servirá para "garantizar la seguridad jurídica hasta tanto se acuerde la norma que definitivamente gobierne la gestión del Guadalquivir a partir de la sentencia del TC".
En este sentido, el segundo objetivo de la Comisión Bilateral Junta-Estado será analizar los puntos que han de regir el nuevo modelo de gestión sobre el Guadalquivir y la normativa que lo ha de poner en marcha. El presidente de la Junta ha afirmado que este modelo "se apoyará también en el Estatuto de Autonomía para Andalucía, toda vez que se han declarado plenamente constitucionales sus artículos 43 y 50".
Según ha explicado Griñán, se garantizarán los principios de unidad de cuenca, la participación de las comunidades autónomas por las que de forma muy minoritaria también discurre el Guadalquivir y los principios que el artículo 51 ya reservaba al Estado, como el ciclo hidrológico, las normas básicas de protección del medio ambiente y las obras hidráulicas de interés general.
A partir de ahora, según el presidente de la Junta, comienza un "trabajo complejo de arquitectura jurídica" basado en el respeto al fallo del Constitucional y a las competencias del Estado y de otras comunidades autónomas para salvaguardar la "máxima capacidad de decisión de la Junta de Andalucía en la gestión de su río".
José Antonio Griñán ha agradecido la "sensibilidad" del presidente del Gobierno y la celeridad con la que se ha celebrado esta reunión de trabajo, apenas una semana después de la sentencia del Tribunal Constitucional.
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