La Junta de Andaluciaconcluye en su investigación sobre los ERE que el 99% de los trabajadores tenía derecho a su prejubilación

* El análisis interno realizado por el Gobierno andaluz constata la existencia de 146 irregularidades entre los casi 6.000 casos revisados

La investigación interna realizada por el Gobierno andaluz sobre supuestas anomalías en las ayudas correspondientes a expedientes de regulación de empleo (ERE) de empresas en crisis ha concluido que el 99% de los trabajadores incluidos en los mismos tenía derecho a la prejubilación que percibía. El consejero de Empleo, Manuel Recio, ha informado en comisión parlamentaria sobre el resultado de esta investigación, que en un periodo inferior a dos meses ha permitido revisar 64 de los 70 expedientes de regulación vivos, es decir, aquellos en los que aún se están cobrando las ayudas.
Entre las casi 6.000 prejubilaciones analizadas caso por caso, se ha hallado la existencia de 146 irregularidades y discrepancias administrativas, pertenecientes a 32 expedientes. De las 146 anomalías, un total de 59 corresponden a personas ajenas a los ERE, es decir, acogidas a los mismos pese a no guardar relación con la empresa donde se habían jubilado, mientras que otras 87 eran dicordancias subsanables desde el punto de vista administrativo, porque se trataba de trabajadores que habían tenido alguna relación laboral con la firma. Esto supone que el 99% de los trabajadores tenía derecho a su prejubilación y sólo un 1,12% era ajeno a la empresa.
Manuel Recio ha querido mandar un mensaje de tranquilidad a los trabajadores acogidos a ayudas sociolaborales, ante el reducido porcentaje de posibles irregularidades que se han detectado hasta ahora en la investigación, y ha subrayado que el Gobierno andaluz "da la cara y ofrece respuestas" porque "lo único" que persigue es "el esclarecimiento de los hechos".
Hasta este momento, se han revisado un total de 5.273 trabajadores beneficiarios de ERE de los 5.563 acogidos a algún expediente de regulación de empleo vivo, lo que supone el 95% del total.
La Junta de Andalucía ha tomado la iniciativa desde que tuvo conocimiento de estas irregularidades y ha basado su actuación en la transparencia y la colaboración con la Justicia. En este sentido, ha remitido al Juzgado número 6 de Sevilla todos los casos que se han ido detectando, unos resultados que también ha trasladado a la Cámara autonómica. Para agilizar el proceso, diez grupos de funcionarios se han encargado de analizar todas las prejubilaciones caso por caso.
Recio ha recordado que las ayudas han sido conocidas y debatidas en todo el momento por el Parlamento andaluz y "sometidas a control financiero permanente, con carácter regular e integral". Así, ha asegurado que el Ejecutivo autonómico persigue "la verdad y la transparencia", algo que lo lleva a dar cuenta en el Parlamento "de cada avance de la investigación".
Nueva normativa
El consejero ha subrayado también la utilidad de la política sociolaboral de la Junta, que ha garantizado en las últimas tres décadas que más de 25.000 trabajadores que se quedaban sin empleo y sin protección social encontraran una solución. Respecto a la nueva normativa que se está discutiendo con los agentes sociales para las ayudas sociolaborales, ha precisado que está dentro del proceso de mejora continua de la Administración autonómica, que pretende avanzar en un proceso mas "garantista" que esté reglado por los principios de "publicidad, transparencia, igualdad y concurrencia no competitiva".
El consejero ha asegurado que la modificación del procedimiento se dirige a que "el cien por cien de los perceptores de las ayudas sea única y exclusivamente los trabajadores", con lo que se garantizará la "cobertura social" y se facilitará "la reestructuración de empresas con dificultades económicas transitorias". El régimen de control de las ayudas se realizará, ha dicho, mediante la fiscalización previa del gasto, lo que ha considerado un "cambio fundamental en el proceso de control de las mismas".
El nuevo programa articulará dos programas de ayudas para los trabajadores. Por un lado, ayudas previas a la jubilación ordinaria de aquellos que vean extinguido su contrato de trabajo como consecuencia de un ERE por declaración de insolvencia de su empresa o por procedimiento concursal. Por otro, ayudas sociales por pérdida de renta de los trabajadores procedentes de empresas que se vean afectadas por ERE de extinción, suspensión de contratos por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, tanto cuando la autorización sea de jornada completa o parcial.
Así, esta nueva normativa regulará tanto las ayudas a la jubilación ordinaria en empresas que atraviesen procesos de liquidación o concurso de acreedores, como expedientes de regulación de empleo de extinción o suspensión de contratos, ha precisado Recio.
Finalmente, el responsable de Empleo ha lanzado un mensaje de "tranquilidad" a los andaluces, porque el gobierno "da la cara" y ofrece respuestas "honestas e íntegras" que sólo persiguen "el rápido esclarecimiento de este asunto".