* Carlos Toscano ha informado de la reciente tramitación, por parte de la CHG, del artículo 4.7 de la Directiva Marco, una herramienta que permitirá continuar con el proceso concesional abierto, clave para la futura actividad minera en subterráneo
* Pese a que la Confederación es un órgano sectorial en materia de minas, está colaborando con la Junta de Andalucía, órgano responsable, agilizando los trámites solicitados por esta que son de su competencia El subdelegado del Gobierno en Sevilla, Carlos Toscano, ha mantenido hoy una reunión con los alcaldes de los municipios vinculados al proyecto minero de Cobre Las Cruces – Gerena, Guillena, Salteras y La Algaba-, en la que se han analizado los avances que está desarrollando el Gobierno para dotar de garantía legal y ambiental el futuro proyecto de ampliación de la mina y, por ende, asegurar la empleabilidad de los vecinos de la comarca.
Entre otros temas, Toscano, acompañado del presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), Joaquín Páez, ha informado a los regidores sobre la reciente tramitación, por parte de este organismo, del régimen excepcional de autorización previsto en el artículo 4(7) de la Directiva UE/60/2000 (DMA).
El subdelegado ha aclarado que a pesar de que la CHG es un órgano sectorial en materia de minas, colabora con la Junta de Andalucía, órgano responsable, agilizando los trámites solicitados por esta.
En este sentido, la puesta en marcha de la futura actividad -proyecto de minería subterránea- pasa indispensablemente por la tramitación de una nueva concesión de agua, que solo puede obtenerse una vez superado el artículo de la Directiva europea referido, que permite desviar temporalmente los objetivos del Plan Hidrológico respecto a los niveles piezométricos en las masas de aguas subterráneas afectadas (Gerena y Guillena-Cantillana).
Este procedimiento, promovido por la Junta de Andalucía, ha sido sustentando sobre una Declaración de Interés Público Superior (IPS) a la mina por la administración autonómica, conforme a aspectos clave de carácter social, económico y ambiental que justifican el incumplimiento de los objetivos ambientales de la masa previstos en la Planificación Hidrológica.
Siguiendo estos principios, la CHG ha desarrollado la tramitación “con las máximas garantías legislativas”, según ha explicado el subdelegado. Una vez que fue aportada por el promotor del proyecto toda la documentación y declarada IPS por la Administración autonómica, se sometió a información pública en agosto del pasado año durante tres meses, dos más de lo que solicitaba la Junta de Andalucía. Tras la recepción y el estudio de alegaciones, el régimen excepcional fue informado favorablemente por el Organismo de Cuenca en marzo de este año.
Una vez realizado este trámite y solicitada su incorporación al Plan Hidrológico de cuenca, la CHG ya puede continuar con el proceso concesional de Aguas Públicas necesario para el proyecto, con total garantía de protección al Dominio Público Hidráulico.
No obstante, la futura actividad minera también depende de otro procedimiento en curso: la modificación de la autorización del Sistema de Drenaje-Reinyección (SDR), que solicita la ampliación del drenaje e inyección para gestionar un mayor volumen circulante y el incremento de la red de seguimiento.
En este sentido, la CHG está comprobando la adecuación de la documentación existente en el expediente de la modificación de la autorización, que será sometida a información pública, para finalmente, si procede, otorgar dicha modificación.
Estos avances han sido acogidos satisfactoriamente por los alcaldes de la comarca, que han agradecido al subdelegado el decidido compromiso del Gobierno de España con la fijación en el territorio a través del empleo local, desarrollado con las máximas garantías ambientales.
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