Acceder a una vivienda en nuestro país supone un verdadero problema para amplias capas de la población. El gran incremento del precio del alquiler, las dificultades para acceder a la compra de una vivienda y la práctica inexistencia de políticas de creación y mantenimiento de vivienda pública están convirtiendo este tema en un calvario para miles de personas, provocando que cada semana muchas familias sean desalojadas de sus casas o que los problemas de hacinamiento o infravivienda se hayan convertido en una presente realidad para una importante parte de la población.
En palabras de Miguel Ángel Bustamante, candidato número 3 de Unidas Podemos al Congreso por Sevilla, “España tiene 3 millones de viviendas deshabitadas, por ello proponemos garantizar la función social vivienda con varias medidas como la limitación del precio del alquiler, estableciendo topes máximos en las áreas tensionadas, especialmente en las áreas urbanas, la transferencia de las viviendas de la sociedad SAREB, detentadora de las viviendas recuperadas del fracaso hipotecario, a un verdadero banco público de vivienda a precios asequibles y regular la expropiación del uso de viviendas vacías a las entidades financieras y fondos buitres que desahucien a familias en riesgo de exclusión social. “
Otra de las medidas presentadas por Bustamante, ha sido la puesta en marcha de Oficinas en defensa de la vivienda desde la administración para prevenir, intermediar y proteger a las familias en riesgo de desahucio, y que no sean desalojadas sin que se les ofrezca una alternativa habitacional, para evitar que familias con necesidades sean desahuciadas por no poder pagar la hipoteca, contemplando así mismo la dación en pago.
Creación de un Parque Público de Viviendas
Por último, Miguel Ángel Bustamante ha destacado la necesidad de fomentar la autoconstrucción de viviendas. “Proponemos que el Estado y las CC.AA. adquieran anualmente un paquete de viviendas construidas y terminadas proporcionales a la demanda de viviendas a precio de coste, es necesaria la creación de un parque público de vivienda a través de la movilización de pisos vacíos en manos de entidades financieras y filiales inmobiliarias, fondos buitre, entidades de gestión de activos (incluidos los procedentes de la reestructuración bancarias y entidades inmobiliarias), con el objetivo de garantizar el derecho a una vivienda digna, contemplado en la Constitución española”.
En palabras de Miguel Ángel Bustamante, candidato número 3 de Unidas Podemos al Congreso por Sevilla, “España tiene 3 millones de viviendas deshabitadas, por ello proponemos garantizar la función social vivienda con varias medidas como la limitación del precio del alquiler, estableciendo topes máximos en las áreas tensionadas, especialmente en las áreas urbanas, la transferencia de las viviendas de la sociedad SAREB, detentadora de las viviendas recuperadas del fracaso hipotecario, a un verdadero banco público de vivienda a precios asequibles y regular la expropiación del uso de viviendas vacías a las entidades financieras y fondos buitres que desahucien a familias en riesgo de exclusión social. “
Otra de las medidas presentadas por Bustamante, ha sido la puesta en marcha de Oficinas en defensa de la vivienda desde la administración para prevenir, intermediar y proteger a las familias en riesgo de desahucio, y que no sean desalojadas sin que se les ofrezca una alternativa habitacional, para evitar que familias con necesidades sean desahuciadas por no poder pagar la hipoteca, contemplando así mismo la dación en pago.
Creación de un Parque Público de Viviendas
Por último, Miguel Ángel Bustamante ha destacado la necesidad de fomentar la autoconstrucción de viviendas. “Proponemos que el Estado y las CC.AA. adquieran anualmente un paquete de viviendas construidas y terminadas proporcionales a la demanda de viviendas a precio de coste, es necesaria la creación de un parque público de vivienda a través de la movilización de pisos vacíos en manos de entidades financieras y filiales inmobiliarias, fondos buitre, entidades de gestión de activos (incluidos los procedentes de la reestructuración bancarias y entidades inmobiliarias), con el objetivo de garantizar el derecho a una vivienda digna, contemplado en la Constitución española”.
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