Expertos y representantes del Ayuntamiento de Sevilla y de varias administraciones públicas han debatido hoy sobre las posibilidades de incluir cláusulas sociales en los pliegos de contratos públicos y han asegurado que existe legislación suficiente para hacerlo posible y exigir que las empresas adjudicatarias cuenten con mano de obra disponible del entorno más inmediato y sean sensibles, por tanto, a sus dificultades de inserción laboral.
En unas jornadas sobre economía social celebradas en el CREA (Centro de Recursos Empresariales Avanzados de Sevilla), la Delegación de Empleo y Bienestar Social ha congregado tanto a personal propio como a representantes empresariales (CES), de la economía social (CEPES) y de los distintos distritos y centros cívicos de la ciudad para abordar esta cuestión, unas jornadas en las que han participado su titular, Juan Manuel Flores, y el delegado de Hacienda y Administración Pública, Joaquín Castillo, y a las que han asistido el alcalde, Juan Espadas, y Carmen Castreño, su delegada de Economía y Relaciones Institucionales.
De esta forma, se ha querido evidenciar que en el gobierno local existe la firme voluntad de cambiar los pliegos de contratación pública del Ayuntamiento para que incluyan cláusulas sociales que tengan en cuenta la coyuntura económica y laboral de los barrios y del conjunto de la ciudad. Según ha comentado Espadas, con ayuda de expertos y juristas se pretende que los pliegos incorporen criterios obligatorios para que “un determinado porcentaje” de los trabajadores contratados sean de la zona, sin, por supuesto, restar profesionalidad a la adjudicación y las obras.
Durante estas jornadas técnicas ha salido a relucir que las ofertas temerarias (muy a la baja) en los concursos públicos no deben ser el único criterio de adjudicación pues generan problemas posteriores, como reformados de obras que alargan los plazos o las empresas que encuentran dificultades para iniciar los trabajos porque quedan encorsetadas por precios de ejecución ajenos a la realidad del mercado. Como así ha pasado en algunos proyectos anteriores en la ciudad de Sevilla, donde en su día, cuando se licitaron, se comentó a los vecinos que tendrían prioridad en la asignación de los empleos, pero al final no fue posible porque los pliegos no lo contemplaban y la decisión dependía, pues, de la buena voluntad de una empresa, que ahora además tiene problemas para iniciar la intervención.
En las jornadas, asimismo, los representantes del Ayuntamiento de Sevilla, quienes han manifestado la intención de “innovar” en esos pliegos de contratación para que los contratos con presupuesto público municipal contribuyan a generar empleo y a la inserción laboral de personas con especiales dificultades (sea por discapacidades o por desempleo de larga duración), han constatado la existencia de una abundante legislación que permitiría las cláusulas sociales.
Y esta legislación emana tanto de la Unión Europea (Directiva 2014/24 de Cláusulas Sociales) como del Gobierno español (Ley 30/2007 de 30 de octubre de Contratos del Sector Público y Ley 40/2015 de 1 de octubre del Régimen Jurídico del Sector Público) y de la Junta de Andalucía (como la Ley 14/2011 de 23 de diciembre sobre Sociedades Cooperativas), además de dictámenes del Consejo Económicos y Social de Andalucía y del Consejo Consultivo de Andalucía que refuerzan la conveniencia de utilizar los contratos públicos para facilitar la inserción social y laboral.
De hecho, han dicho los expertos, esa legislación existía, aunque no se ha traducido hasta el acalde ha reiterado que el Ayuntamiento va a revisar los pliegos para incluir cláusulas sociales, al tiempo que ha apostado por la economía social y por impulsar a las pymes en los contratos públicos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario