Ante el final del periodo de prórroga establecido en el Real Decreto-ley 13/2018 y las reclamaciones hechas por algunas compañías de VTC, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) quiere aclarar los siguientes puntos:
* Desde el Ministerio, y desde el Gobierno, se abordó desde el principio este reto desde una perspectiva global, con el objetivo de lograr en el ámbito urbano un equilibrio y competencia leal entre el sector del taxi y las VTC. Por ello, debían ser las CCAA y las entidades locales la que regularan los servicios exclusivamente urbanos.
* Las administraciones territoriales son las conocedoras de las necesidades concretas de cada territorio, por lo que son las que pueden tomar las decisiones más adecuadas para su población, teniendo en cuenta toda una serie de elementos que van desde la estrategia de movilidad, la lucha contra el cambio climático, la despoblación, las particularidades del taxi en ese territorio o la falta de servicios de transporte.
* Este principio sigue el reparto competencial que se hace en la Constitución en función del ámbito territorial en el que se efectúa el transporte.
* El Real Decreto-ley 13/2018, de 28 de septiembre, habilitó a las CCAA a modificar las condiciones de explotación de las VTC de ámbito nacional para los servicios en su territorio, incluyendo condiciones como la precontratación, solicitud de servicios, captación de clientes, recorridos mínimos y máximos, servicios u horarios obligatorios y especificaciones técnicas del turismo.
* También determinó que las VTC de ámbito nacional habilitaban exclusivamente para realizar transporte interurbano de viajeros, excluyendo el transporte urbano, al finalizar un periodo transitorio de 4 años, que concluye el próximo 30 de septiembre.
* Desde ese momento, las comunidades autónomas o los ayuntamientos han dispuesto de tiempo suficiente (4 años) para valorar y finalmente aprobar la regulación que consideren más adecuada para la prestación de los servicios, incluyendo posibles prórrogas al plazo inicial de 4 años establecido en septiembre de 2018. Así, es en este entorno donde se deben valorar posibles prórrogas o similares, no en Mitma.
* Durante este periodo Mitma ha mantenido un papel de facilitador, impulsando el subgrupo de trabajo técnico con las Comunidades Autónomas, creado para compartir buenas prácticas regulatorias y experiencias exitosas en la búsqueda de soluciones que faciliten una convivencia ordenada entre el taxi y las VTC, y avanzar en la mejora de la experiencia del usuario.
* Dado el nuevo marco competencial establecido por el Real Decreto ley 13/2018, Mitma carece ya de competencias en esta cuestión, lo que no ha impedido que se hayan impulsado diversas medidas de apoyo al sector tanto como consecuencia del efecto del COVID como de las derivadas del conflicto en Ucrania.
* Por otra parte, y ante el contenido y las alusiones tanto directas al Ministerio como personales hacia la titular de este Departamento de la campaña publicitaria lanzada por la empresa Cabify, MITMA está analizando la posibilidad de tomar todas las medidas que se estimen convenientes.
Papel facilitador
El Ministerio ha tenido en cuenta los efectos de las crisis generadas por el Covid-19 y la invasión de Ucrania por parte de Rusia.
Así, ante el fuerte incremento de los precios de los combustibles como consecuencia del conflicto, se han adoptado medidas como:
* Las ayudas de 300 euros a cada vehículo VTC recogidas en el real decreto ley de marzo, que se replicaron de nuevo en agosto llegando por tanto a 600 euros por vehículo.
* La ayuda de los 20 céntimos en el coste del combustible, del que también es beneficiario el sector del VTC. Ambas medidas también aplicaron al sector del taxi.
Los efectos del Covid han sido tenidos en cuenta en los diversos instrumentos aprobados a nivel general por el gobierno, que también aplicaron al sector del VTC. Sin ser exhaustivo podemos nombrar:
* Ayudas directas a autónomos y empresas cuyo volumen de operaciones anual en 2020 hubiera caído como mínimo un 30% con respecto a 2019, incluido el sector del transporte.
* Líneas de financiación ICO, con tramos especiales para el transporte, por ejemplo, 2.500 millones de euros para PYMES y autónomos del sector turístico y actividades conexas y 500 millones de euros a empresas y autónomos para la adquisición o arrendamiento financiero u operativo de vehículos de motor de transporte por carretera de uso profesional.
* Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), y prestaciones extraordinarias por cese de actividad a los trabajadores autónomos cuya facturación se hubiera reducido, al menos, en un 75%.
* Y otras medidas fiscales y tributarias y de recapitalización de empresas, como aplazamientos en los pagos a seguridad social y similares.
Prórrogas
Se ha solicitado desde determinados sectores una nueva ampliación del plazo transitorio de 4 años basándose en los efectos de la situación provocada por el Covid-19.
En primer lugar, y como ya se ha indicado, dentro del ámbito competencial de Mitma, este efecto del Covid-19 ya se tuvo en cuenta en los diversos instrumentos aprobados en su momento de medidas de apoyo concretas al sector.
En segundo, se debe tener en cuenta que las comunidades autónomas o los ayuntamientos son los que deben analizar la concesión de posibles prórrogas al plazo inicial de 4 años establecido en septiembre de 2018. No se puede mezclar este efecto con la casuística derivada de la posibilidad excepcional que recogía el RDL 13/2018 para que los titulares de las VTC solicitaran, hasta tres meses después de su aprobación, una ampliación de los 4 años, si estimaban que el plazo inicial no era suficiente, con base en una serie de criterios, supuestos y datos recogidos específicamente en dicha norma, y sobre la que Mitma ha resuelto recientemente.
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