El juez de Instrucción número 9 de Sevilla ha dictado un auto en el que acuerda continuar como procedimiento abreviado la causa abierta contra el exsecretario general de UGT-A Francisco Fernández Sevilla y otras 14 personas por presuntos delitos de fraude de subvenciones y falsedad en documento mercantil, una resolución en la que concluye que “el cómputo global de las cantidades defraudadas” en los expedientes de subvenciones concedidas por la Dirección General de Formación de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía a la organización sindical en los que se ha contado con la información documental necesaria “asciende a 40.750.047,74 euros”, informa Comunicación Poder Judicial.
La citada entidad indica que en un auto fechado el día 3 de diciembre, el magistrado da traslado de la causa a la Fiscalía y a las acusaciones personadas para que, en el plazo común de 20 días, dado el volumen de las actuaciones, soliciten la apertura de juicio oral formulando escrito de acusación o el sobreseimiento de la causa o, excepcionalmente, la práctica de diligencias complementarias indispensables para formular la acusación.
La citada entidad indica que en un auto fechado el día 3 de diciembre, el magistrado da traslado de la causa a la Fiscalía y a las acusaciones personadas para que, en el plazo común de 20 días, dado el volumen de las actuaciones, soliciten la apertura de juicio oral formulando escrito de acusación o el sobreseimiento de la causa o, excepcionalmente, la práctica de diligencias complementarias indispensables para formular la acusación.
En concreto, los investigados son el exvicesecretario de Organización y exsecretario general del sindicato Francisco Fernández Sevilla; el que fuera secretario general de Administración de UGT-A; la secretaria de Gestión Económica; la responsable del departamento de Compras de UGT-A; el consejero delegado de la entidad Soralpe I Mas P Asociados S.L., y diez personas que actuaron como proveedores del sindicato a través de las empresas que representaban.
Asimismo, el juez acuerda el sobreseimiento provisional y archivo de las actuaciones respecto de ocho personas. En concreto, archiva la causa respecto a siete de ellas al entender que, “valorando en su conjunto los indicios aportados en la instrucción practicada, no puede deducirse la existencia de acreditación suficiente de comisión de delito que permita al respecto el dictado de la resolución” que prevé el artículo 779.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
De igual modo, acuerda el sobreseimiento provisional y archivo de las actuaciones respecto del exsecretario general del sindicato Manuel Pastrana, pero en este caso dada su “situación de incapacidad sobrevenida”, tal y como puso de manifiesto el informe médico forense emitido el pasado 17 de mayo.
El instructor relata que, en el periodo comprendido entre 2009 y 2013, “se ha constatado la existencia de procedimientos concertados entre los responsables de UGT-A y determinados proveedores a fin de que, de una forma coordinada, pudieran facilitar al referido sindicato una vía de financiación para la práctica de sus actuaciones propias”, añadiendo que “la utilización de estos instrumentos suponía la aplicación de los fondos recibidos a través de subvenciones públicas a unos fines distintos del destino que dichos fondos deberían haber tenido”, como es “la práctica de acciones formativas, a personal ocupado y desocupado, conforme a los expedientes de subvenciones públicas que eran otorgadas por la Dirección General de Formación de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía”.
Según asevera el juez, “en la consecución de aquellos fines fraudulentos de financiación era precisa la implicación de sociedades que, como proveedores, facilitaran la infraestructura documental y contable que permitiera obtener fondos destinados a formación, para poder desviarlos, con el fin de sostener los gastos corrientes del sindicato”.
Seguidamente, el magistrado analiza “las técnicas utilizadas para este objetivo ilícito”, como son el mecanismo llamado ‘rappel’, “por el que el sindicato se beneficiaría de los descuentos que los proveedores le realizaban en las diferentes facturas, sin que dichos descuentos se declararan a la Administración que otorgaba la correspondiente subvención completa”, o el mecanismo denominado ‘bote’, sistema por el que UGT-A “se financiaría con cargo a un saldo acreedor, generado mediante el pago a proveedores de facturas simuladas” que “no corresponderían a servicio prestado alguno” pero que “eran imputadas a programas subvencionados”.
Como tercera “vía de financiación fraudulenta”, el juez señala que el sindicato “habría efectuado la cesión en usufructo de locales de su propiedad” a la sociedad mercantil Soralpe I Mas P Asociados S.L. -de la que UGT-A era socio único- “mediante contratos elevados a público entre dichas empresas”. Así, se trataba de un “mecanismo fraudulento orientado a la obtención de fondos con cargo a subvenciones mediante la organización de un sistema de alquileres por aulas empleadas para la formación, que no generaban realmente un gasto”.
En este punto, explica que, “tras la concesión de la subvención para acciones formativas, UGT-A las materializaba a través de su entidad vinculada IFES”, agregando que, “en tanto que, según normativa autonómica, entre los gastos que pueden subvencionarse se incluyen los gastos de alquiler de las aulas utilizadas en el desarrollo de la acción formativa, si los locales en los que IFES desarrollara las acciones formativas fueran propiedad de UGT-A, su utilización en realidad no generaría más gasto subvencionable que los gastos de mantenimiento”, pero, en este caso, “tras la cesión en usufructo de los locales de UGT-A a Soralpe, esta última procedía a alquilarlos a IFES, para de este modo generar de forma artificial un gasto subvencionable”.
El magistrado considera que, “en el desarrollo de esta mecánica defraudatoria dentro de UGT-A, era de especial relevancia la labor” del investigado Federico F., secretario general de Administración, “que servía de apoyo a las relaciones del sindicato con los proveedores que colaboraban en la citada mecánica”, una labor en la que además “contaba con el apoyo directo” del exvicesecretario de Organización y exsecretario general de UGT-A Francisco Fernández Sevilla; de la secretaria de Gestión Económica y de la responsable del Departamento de Compras.
Al hilo de ello, el instructor precisa que, “para la ejecución de dicha labor defraudatoria, además de la colaboración” de Soralpe y en concreto de su consejero delegado, “prestaron auxilio de forma directa y decisiva para la culminación del fraude urdido por los dirigentes” del sindicato un total de diez personas investigadas y que actuaron como proveedores, quienes “se prestaron a dicha actuación fraudulenta por medio de la falsificación oportuna de la documentación mercantil utilizada para la justificación a presentar en los diferentes expedientes de subvención”.
A continuación --informa finalmente Comunicación Poder Judicial--, el magistrado enumera los expedientes de subvenciones analizados en este procedimiento, precisando que, “para la cuantificación de los importes defraudados en cada expediente”, se parte de las conclusiones del informe pericial emitido por un interventor y las aclaraciones realizadas en sede judicial, la documentación obrante en autos procedente de las diligencias de entrada y registro practicadas y remitida por las administraciones, y el informe emitido a instancias de la defensa del investigado Francisco Fernández Sevilla.
Asimismo, el juez acuerda el sobreseimiento provisional y archivo de las actuaciones respecto de ocho personas. En concreto, archiva la causa respecto a siete de ellas al entender que, “valorando en su conjunto los indicios aportados en la instrucción practicada, no puede deducirse la existencia de acreditación suficiente de comisión de delito que permita al respecto el dictado de la resolución” que prevé el artículo 779.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
De igual modo, acuerda el sobreseimiento provisional y archivo de las actuaciones respecto del exsecretario general del sindicato Manuel Pastrana, pero en este caso dada su “situación de incapacidad sobrevenida”, tal y como puso de manifiesto el informe médico forense emitido el pasado 17 de mayo.
El instructor relata que, en el periodo comprendido entre 2009 y 2013, “se ha constatado la existencia de procedimientos concertados entre los responsables de UGT-A y determinados proveedores a fin de que, de una forma coordinada, pudieran facilitar al referido sindicato una vía de financiación para la práctica de sus actuaciones propias”, añadiendo que “la utilización de estos instrumentos suponía la aplicación de los fondos recibidos a través de subvenciones públicas a unos fines distintos del destino que dichos fondos deberían haber tenido”, como es “la práctica de acciones formativas, a personal ocupado y desocupado, conforme a los expedientes de subvenciones públicas que eran otorgadas por la Dirección General de Formación de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía”.
Según asevera el juez, “en la consecución de aquellos fines fraudulentos de financiación era precisa la implicación de sociedades que, como proveedores, facilitaran la infraestructura documental y contable que permitiera obtener fondos destinados a formación, para poder desviarlos, con el fin de sostener los gastos corrientes del sindicato”.
Seguidamente, el magistrado analiza “las técnicas utilizadas para este objetivo ilícito”, como son el mecanismo llamado ‘rappel’, “por el que el sindicato se beneficiaría de los descuentos que los proveedores le realizaban en las diferentes facturas, sin que dichos descuentos se declararan a la Administración que otorgaba la correspondiente subvención completa”, o el mecanismo denominado ‘bote’, sistema por el que UGT-A “se financiaría con cargo a un saldo acreedor, generado mediante el pago a proveedores de facturas simuladas” que “no corresponderían a servicio prestado alguno” pero que “eran imputadas a programas subvencionados”.
Como tercera “vía de financiación fraudulenta”, el juez señala que el sindicato “habría efectuado la cesión en usufructo de locales de su propiedad” a la sociedad mercantil Soralpe I Mas P Asociados S.L. -de la que UGT-A era socio único- “mediante contratos elevados a público entre dichas empresas”. Así, se trataba de un “mecanismo fraudulento orientado a la obtención de fondos con cargo a subvenciones mediante la organización de un sistema de alquileres por aulas empleadas para la formación, que no generaban realmente un gasto”.
En este punto, explica que, “tras la concesión de la subvención para acciones formativas, UGT-A las materializaba a través de su entidad vinculada IFES”, agregando que, “en tanto que, según normativa autonómica, entre los gastos que pueden subvencionarse se incluyen los gastos de alquiler de las aulas utilizadas en el desarrollo de la acción formativa, si los locales en los que IFES desarrollara las acciones formativas fueran propiedad de UGT-A, su utilización en realidad no generaría más gasto subvencionable que los gastos de mantenimiento”, pero, en este caso, “tras la cesión en usufructo de los locales de UGT-A a Soralpe, esta última procedía a alquilarlos a IFES, para de este modo generar de forma artificial un gasto subvencionable”.
El magistrado considera que, “en el desarrollo de esta mecánica defraudatoria dentro de UGT-A, era de especial relevancia la labor” del investigado Federico F., secretario general de Administración, “que servía de apoyo a las relaciones del sindicato con los proveedores que colaboraban en la citada mecánica”, una labor en la que además “contaba con el apoyo directo” del exvicesecretario de Organización y exsecretario general de UGT-A Francisco Fernández Sevilla; de la secretaria de Gestión Económica y de la responsable del Departamento de Compras.
Al hilo de ello, el instructor precisa que, “para la ejecución de dicha labor defraudatoria, además de la colaboración” de Soralpe y en concreto de su consejero delegado, “prestaron auxilio de forma directa y decisiva para la culminación del fraude urdido por los dirigentes” del sindicato un total de diez personas investigadas y que actuaron como proveedores, quienes “se prestaron a dicha actuación fraudulenta por medio de la falsificación oportuna de la documentación mercantil utilizada para la justificación a presentar en los diferentes expedientes de subvención”.
A continuación --informa finalmente Comunicación Poder Judicial--, el magistrado enumera los expedientes de subvenciones analizados en este procedimiento, precisando que, “para la cuantificación de los importes defraudados en cada expediente”, se parte de las conclusiones del informe pericial emitido por un interventor y las aclaraciones realizadas en sede judicial, la documentación obrante en autos procedente de las diligencias de entrada y registro practicadas y remitida por las administraciones, y el informe emitido a instancias de la defensa del investigado Francisco Fernández Sevilla.
“El cómputo global de las cantidades defraudadas en los expedientes en los que se ha contado con la información documental necesaria asciende a 40.750.047,74 euros”, pone de manifiesto el juez en el auto notificado este miércoles a las partes personadas en el procedimiento y contra el que cabe recurso.
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