El delegado de Hacienda y Administración Pública del Ayuntamiento de Sevilla, Joaquín Castillo, ha destacado que el proyecto de ordenanzas fiscales del gobierno de la ciudad ha superado sin cambios sustanciales la comisión delegada de Hacienda en un proceso en el que se han presentado 96 enmiendas. “Desde el gobierno presentamos una propuesta desde el rigor y la seriedad, basada en la buena situación económica del Ayuntamiento, la necesidad de mantener el gasto social y la inversión pública, el cumplimiento de los acuerdos y el objetivo de continuar con los criterios de progresividad. Con esta base, hemos analizado todas las enmiendas que se han presentado de las que finalmente han sido aprobadas un total de 24 y se han retirado cinco”, apuntó el delegado de Hacienda, quien subrayó que ninguna de las enmiendas supone una modificación de las propuestas presentadas por el gobierno en su proyecto.
El proyecto que presentará el gobierno al próximo Pleno incorpora en primer lugar un descenso del 5% en el IBI, lo que supone una reducción acumulada durante el mandato del 8%. Esto implica que una familia con una vivienda con un valor catastral de 50.000 euros pasará de pagar 403 euros de IBI al año en 2015 a una cuota de 371,69 euros al cierre de 2019. Junto a esta medida se propone, aplicando un criterio de progresividad, una reducción, aunque mucho menor, del tipo diferenciado que se aplica principalmente a grandes empresas con valores catastrales altos. En este caso la reducción será del 1% en la propuesta de ordenanzas para 2019.
En tercer lugar, la propuesta de ordenanzas plantea situar el ICIO en un 3,25% lo que supone que en este mandato se habrá conseguido una reducción del 16% en este impuesto que ha coincidido con el incremento de la actividad económica. Así, pese a que se ha bajado el coeficiente, los ingresos que se generan por este concepto se han incrementado y seguirán aumentando en 2019.
Por último, el gobierno propone, de acuerdo a lo aprobado en el Pleno del Ayuntamiento, la aplicación de una bonificación en el IBI del 95% para aquellos titulares de viviendas vacías en la ciudad que las pongan a disposición de Emvisesa para que sean alquiladas con fines sociales. Se trata de darle un impulso al programa de captación de pisos puesto en marcha por la empresa municipal.
A estas medidas se han añadido una veintena de propuestas de los grupos políticos aprobadas en la Comisión delegada de Hacienda que serán ahora informadas por la Intervención General para evaluar si se ajustan a la legalidad de acuerdo con la redacción propuesta y si encajan en las ordenanzas cuya modificación ha sido planteada por el gobierno de la ciudad en el proyecto remitido a los grupos políticos y al Consejo Económico y Social. “Las ordenanzas fiscales deben seguir un criterio de rigor y seguridad jurídica, y por tanto cualquier medida que se incorpore debe respetar esos principios como base para que el gobierno la incorpore al proyecto y la someta a la votación del Pleno”, explicó Joaquín Castillo.
Entre las medidas incorporadas que suponen un complemento al proyecto de ordenanzas fiscales del gobierno figuran el incremento de la bonificación por domiciliación al 5% el primer año, bonificaciones para familias monoparentales, reducciones en tasas a personas con dificultad económica o la supresión de la tasa por convenios urbanísticos. Todas estas deben ser analizadas por la Intervención municipal antes del Pleno del martes.
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