* La consejera de Hacienda defiende la competencia de la Comunidad para organizar la jornada de trabajo de los empleados públicos
La jornada laboral en la Junta de Andalucía será de 37,5 horas semanales, de las que 35 horas serán presenciales que se completarán con media hora diaria de formación y preparación de tareas fuera del puesto de trabajo
De este modo, el Gobierno andaluz ejerce su competencia, legalmente reconocida, para la organización de la jornada de los empleados públicos y da cumplimiento a la sentencia del Tribunal Constitucional que anula la jornada de 35 horas en la comunidad, informa el organismo andaluz.
La consejera de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, ha defendido que "nadie puede poner ni la más mínima objeción" al acuerdo consensuado con las organizaciones sindicales en el seno de la Mesa General de Negociación Común, que será aprobado por el Consejo de Gobierno en la reunión del martes 19 de diciembre, informa el organismo andaluza. "Acatamos la ley y ejercemos nuestra capacidad para organizar la jornada de los empleados públicos de Andalucía", ha subrayado.
Según ha explicado --informa la Junta de Andalucía--, el acuerdo establece que la jornada general ordinaria de trabajo será de37,5 horas. Del total de horas de la jornada semanal, 35 serán de obligada permanencia en el puesto de trabajo. Las 2,5 horas restantes hasta completar las 37,5 horas del horario semanal se dedicarán a la preparación y organización de las tareas propias del puesto de trabajo, consulta e información de materias relacionadas con el trabajo, así como formación para el perfeccionamiento y desarrollo profesional. Estas horas tendrán la consideración de trabajo efectivo y computarán dentro de la jornada general del trabajo.
Montero ha señalado que el acuerdo constata una realidad de los profesionales públicos que vienen dedicando un tiempo semanal a la realización de actividades y tareas complementarias relacionadas con su puesto de trabajo fuera del horario laboral. "Creo que habría que defender ese ejercicio de responsabilidad de nuestros profesionales, un reconocimiento de la apuesta de nuestros empleados públicos por el conocimiento y el desarrollo profesional", ha manifestado para rechazar lo que ha calificado de "subterfugios" utilizados por otras comunidades como conceder "márgenes de cortesía" de medida hora en el acceso al puesto de trabajo para computar las 37,5 horas.
En este sentido, ha subrayado que el reconocimiento de estos tiempos de dedicación no presenciales ha sido una "aspiración sindical histórica" que está respaldada por el Estatuto Básico del Empleado Público, al consagrar como derechos de los trabajadores la formación continua y a la actualización permanente de sus conocimientos y capacidades profesionales, preferentemente en horario laboral, así como la adopción de medidas que favorezcan la conciliación de la vida personal, familiar y laboral.
Montero ha defendido los beneficios de la "flexibilidad horaria" para la conciliación y la calidad de vida de los trabajadores, ya que favorece la igualdad y la corresponsabilidad, reduce el absentismo, aumenta de la productividad y contribuye a la mejora del clima laboral. Asimismo ha aludido a su relación directa con la calidad en la prestación de los servicios públicos, "uno de los objetivos prioritarios del Gobierno andaluz".
También se ha referido al "cambio de paradigma" que se está produciendo en los últimos años en las plataformas de formación de todos los sectores de la Administración autonómica y que van a ver incrementados recursos de formación abierta, en la línea con la apuesta que ya realiza el Instituto Andaluz de Administración Pública.
Sin despidos
La consejera ha asegurado que el acuerdo contempla el compromiso expreso de no destruir empleo, de modo que se mantendrá el personal contratado en 2017 con la implantación de las 35 horas. Asimismo, el reconocimiento de tareas y la jornada presencial de 35 horas semanales, no producirán cambios en las planillas y horarios de los empleados públicos andaluces. En el ámbito sanitario, se mantendrán los turnos aprobados y no se alterarán las retribuciones de jornada complementaria.
Respecto al personal docente, se reorganizarán las tareas de la jornada lectiva de forma que, manteniendo las 20 horas lectivas, en este curso se considera lectiva una hora de guardia y dos en el curso 2018/2019. Por su parte, el horario de no obligada permanencia pasa de 5 a 7,5 horas, tal y como se aplicó en 2012 con la entrada en vigor de los ajustes del Estado.
Montero ha lamentado que no se pueda continuar con la jornada de 35 horas, "una conquista de los trabajadores públicos andaluces", que se puso en marcha en 1999 y que fue suspendida en 2012 con motivo de las medidas contra la crisis adoptadas por el Gobierno central. El 1 de enero de 2017 había sido restituida tras ser negociada y acordada con los sindicatos, y respaldada por los grupos del Parlamento. Asimimo, ha recordado que nunca ha habido uniformidad en la jornada laboral de las distintas administraciones, ya que son varias las comunidades autónomas que no tenían implantada las 35 horas antes de 2012, lo que no justificaría el argumento esgrimido por el Gobierno central de que se estaba produciendo una quiebra en la igualdad de trato.
Por ello --finaliza la información de la Junta de Ahndalucía--, ha exigido que se repongan la totalidad de los derechos suspendidos con motivo de la crisis y que los Presupuestos Generales del Estado de 2018 recuperen las 35 horas para los empleados públicos en el conjunto del Estado, "tal y como en algún momento reconoció y trasladó el propio Gobierno de España para sectores prioritarios". (Foto: JA).
Montero ha señalado que el acuerdo constata una realidad de los profesionales públicos que vienen dedicando un tiempo semanal a la realización de actividades y tareas complementarias relacionadas con su puesto de trabajo fuera del horario laboral. "Creo que habría que defender ese ejercicio de responsabilidad de nuestros profesionales, un reconocimiento de la apuesta de nuestros empleados públicos por el conocimiento y el desarrollo profesional", ha manifestado para rechazar lo que ha calificado de "subterfugios" utilizados por otras comunidades como conceder "márgenes de cortesía" de medida hora en el acceso al puesto de trabajo para computar las 37,5 horas.
En este sentido, ha subrayado que el reconocimiento de estos tiempos de dedicación no presenciales ha sido una "aspiración sindical histórica" que está respaldada por el Estatuto Básico del Empleado Público, al consagrar como derechos de los trabajadores la formación continua y a la actualización permanente de sus conocimientos y capacidades profesionales, preferentemente en horario laboral, así como la adopción de medidas que favorezcan la conciliación de la vida personal, familiar y laboral.
Montero ha defendido los beneficios de la "flexibilidad horaria" para la conciliación y la calidad de vida de los trabajadores, ya que favorece la igualdad y la corresponsabilidad, reduce el absentismo, aumenta de la productividad y contribuye a la mejora del clima laboral. Asimismo ha aludido a su relación directa con la calidad en la prestación de los servicios públicos, "uno de los objetivos prioritarios del Gobierno andaluz".
También se ha referido al "cambio de paradigma" que se está produciendo en los últimos años en las plataformas de formación de todos los sectores de la Administración autonómica y que van a ver incrementados recursos de formación abierta, en la línea con la apuesta que ya realiza el Instituto Andaluz de Administración Pública.
Sin despidos
La consejera ha asegurado que el acuerdo contempla el compromiso expreso de no destruir empleo, de modo que se mantendrá el personal contratado en 2017 con la implantación de las 35 horas. Asimismo, el reconocimiento de tareas y la jornada presencial de 35 horas semanales, no producirán cambios en las planillas y horarios de los empleados públicos andaluces. En el ámbito sanitario, se mantendrán los turnos aprobados y no se alterarán las retribuciones de jornada complementaria.
Respecto al personal docente, se reorganizarán las tareas de la jornada lectiva de forma que, manteniendo las 20 horas lectivas, en este curso se considera lectiva una hora de guardia y dos en el curso 2018/2019. Por su parte, el horario de no obligada permanencia pasa de 5 a 7,5 horas, tal y como se aplicó en 2012 con la entrada en vigor de los ajustes del Estado.
Montero ha lamentado que no se pueda continuar con la jornada de 35 horas, "una conquista de los trabajadores públicos andaluces", que se puso en marcha en 1999 y que fue suspendida en 2012 con motivo de las medidas contra la crisis adoptadas por el Gobierno central. El 1 de enero de 2017 había sido restituida tras ser negociada y acordada con los sindicatos, y respaldada por los grupos del Parlamento. Asimimo, ha recordado que nunca ha habido uniformidad en la jornada laboral de las distintas administraciones, ya que son varias las comunidades autónomas que no tenían implantada las 35 horas antes de 2012, lo que no justificaría el argumento esgrimido por el Gobierno central de que se estaba produciendo una quiebra en la igualdad de trato.
Por ello --finaliza la información de la Junta de Ahndalucía--, ha exigido que se repongan la totalidad de los derechos suspendidos con motivo de la crisis y que los Presupuestos Generales del Estado de 2018 recuperen las 35 horas para los empleados públicos en el conjunto del Estado, "tal y como en algún momento reconoció y trasladó el propio Gobierno de España para sectores prioritarios". (Foto: JA).
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