* La entidad vecinal entiende que el que una empresa municipal destine fondos públicos a pagar a terceros particulares por acciones que se desvían o son ajenos a su objeto social, utilizando, además, instrumentos tan impropios como un contrato de patrocinio/publicidad para restaurar un bien privado, es corrupción política. Y que hay elementos que apuntan también a una posible corrupción penal.
Comunicado de la Asociación La Revuelta a los medios informativos:
Tal y como ya anunciamos el pasado 23 de mayo, la Asociación Vecinal del Casco Norte de Sevilla, “La Revuelta”, ha presentado ante la Fiscalía una denuncia en relación con el con el contrato de EMASESA y la Archidiócesis de Sevilla en el marco de la rehabilitación de la iglesia de Santa Catalina. Un contrato del que se supo por los medios el 22 de mayo, víspera de la jornada de reflexión.
Y presenta la denuncia, en síntesis, al observar que con dicho contrato se pretende la transferencia de fondos municipales a una entidad para un fin impropio del de la empresa pública, prescindiendo de los requisitos formales en la adopción del acuerdo y utilizando fórmulas con altas dosis de simulación que incumplen las exigencias legales, ya fuera considerando la operación como una concesión de subvención o como la celebración de un contrato de prestación de servicios.
Todos los elementos turbios observados arrojan, a nuestro entender, significativos indicios de conducta criminal. Y es por lo que solicitamos a la Fiscalía que proceda a adoptar las medidas pertinentes en derecho a fin de determinar los tipos penales que pudieran existir, así como el grado de autoría de los partícipes en los mismos.
Para comprender el alcance de dicha turbidez legal que observamos y denunciamos, remitimos a la lectura del escrito presentado ante la Fiscalía, que se enlaza más arriba y al final. Pero queremos aquí llamar la atención sobre uno de los elementos que hacen de este contrato algo “pintoresco”, por no decir directamente antijurídico.
Así, su estipulación undécima establece una denominada “cláusula de confidencialidad en la que se contienen afirmaciones como las siguientes: "las partes se obligan a guardar reserva sobre los derechos y obligaciones objeto de este contrato…"; "las partes informarán a su personal, colaboradores y cualquier otra persona física o jurídica que intervenga en el objeto del contrato, de la obligación de confidencialidad establecida en el mismo...". Una última “guinda” absolutamente impropia de los contratos públicos, pues éstos están sometidos a condiciones de publicidad y transparencia.
Afortunadamente, nuestros servicios jurídicos han tenido acceso a dicho documento y, supliendo lo que el propio Ayuntamiento debiera haber hecho, lo compartimos con el mundo (se adjunta arriba y al final).
La Revuelta desea y reivindica que el patrimonio cultural del barrio, de toda la ciudad esté cuidado en la debidas condiciones. Y que las administraciones contribuyan a ello como corresponda: legislando oportunamente; haciendo cumplir y cumpliendo ellas mismas las normas existentes al respecto; asesorando y facilitando dicha labor a quienes tengan la propiedad de dichos bienes; ayudando económicamente donde y como proceda;...
Pero, como se detalla en el texto de la denuncia, el procedimiento, las vías, el cómo se hace ha de ser correcto; nuestros gestores públicos no pueden usar subterfugios, alegalidades, oscurantismos y demás defectos; algunos de los cuales no tienen “sólo” reproche político y social sino también penal.
Por otra parte, también llama la atención que los mismos responsables municipales que manifiestan no contar con fondos, no ya para rehabilitar integralmente y poner nuevamente en uso y servicio, sino para siquiera cumplir con las obligaciones legales de mantenimiento de muchos edificios de titularidad municipal, muchos de ellos de gran valor patrimonial, sí que estén dispuestos a destinar 1,5 millones a ayudar a que una entidad rehabilite sus bienes.
Por desgracia, hay muchos ejemplos de esto a lo largo y ancho de nuestra ciudad. Pero, para no salir del barrio y por referirnos a un bien muy emblemático, ahí tenemos la Casa-palacio del Pumarejo, declarada Monumento y habitada, que se viene degradando año a año sin que el Ayuntamiento de Sevilla, su propietario, “encuentre” fondos para iniciar su necesaria y reclamada rehabilitación integral", finaliza el comunicado.
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