* Como consecuencia de apostar por promover vivienda para la venta, en vez de para el alquiler social, el consistorio hispalense renuncia a líneas de financiación y de subvención tanto de la Junta de Andalucía, del Estado central, como de la Unión Europea, y además no contribuye a incrementar el ridículo parque de vivienda pública con el que cuenta la ciudad.
Estas críticas llegan después de hacerse público que a través de EMVISESA, el Ayuntamiento va a promover 236 nuevas viviendas que estarán destinadas a la venta en Régimen General, que es el que admite que la renta de las personas beneficiarias llegue hasta 3,5 veces el IPREM –por encima de 26.000€ anuales-. Sin embargo, según la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) y el actual Plan de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (PVRA), de esas 236 viviendas, al menos la mitad, deberían destinarse a rentas inferiores y, además, cederse en alquiler, porque el suelo en el que se van a construir procede de la cesión del 10% del aprovechamiento que el resto de promotoras deben ceder a favor del municipio.
“El consistorio hispalense sigue muy lejos de apostar por políticas que faciliten el acceso a una vivienda digna para quienes menos recursos tienen y, además, por ser para la venta renuncia a la posibilidad de obtener hasta 9 millones de la Junta para financiar estas promociones”, según la portavoz adjunta de Participa Sevilla.
En el programa de fomento del parque de viviendas en alquiler de Andalucía, fruto del pacto entre la administración estatal y autonómica, se regulan subvenciones para la vivienda pública en alquiler de hasta 36.750€ por vivienda. “Esto supondría más de 9 millones de euros a los que podríamos optar por las 252 viviendas que el municipio tiene programado promover para la venta”, según Honorato.
Además por seguir apostando por viviendas para la venta, el consistorio hispalense se autoexcluye de solicitar financiación pública para la vivienda social que ofrecen entidades como el ICO o el Banco Europeo de Inversiones (BEI). Esta última, ha otorgado préstamos en condiciones muy ventajosas a Barcelona (25 millones de euros para financiar la construcción de 2.200 viviendas de alquiler social), Zaragoza (36 millones para 308 viviendas de alquiler social y rehabilitación de edificios) o la comunidad de Navarra (40 millones de euros para la promoción de 524 viviendas eficientes de alquiler social). Sin embargo, Sevilla se ha tenido que endeudar de nuevo con entidades bancarias privadas conocidas por fomentar la burbuja inmobiliaria.
Viviendas públicas no pensadas para la mayoría de las personas demandantes
De esta forma, al menos, 118 de estas 236 viviendas que se van a promover para la venta en Régimen General, se deberían destinar a personas con ingresos inferiores a 2,5 veces el IPREM, algo menos de 18.800 € anuales, y en régimen de alquiler o de cesión de uso. “Espadas se salta una vez más la obligación de entender las políticas de vivienda como una herramienta para garantizar el acceso a la vivienda de todas las personas”, según ha manifestado Cristina Honorato, portavoz adjunta de Participa Sevilla.
Además, Honorato ha denunciado que “estas actuaciones no tienen ningún sentido”, ya que el 95% de las personas demandantes de vivienda inscritos en el Registro Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida cuentan con ingresos inferiores a 2,5 veces el IPREM y que en su mayoría, no tienen capacidad económica, ni posibilidad de endeudamiento para adquirir una vivienda por compraventa.
“Sevilla sigue sin apostar de forma contundente por la vivienda pública, y eso a pesar de que el ridículo parque de vivienda social con el que cuenta,-sólo el 2,3% del total frente al 15% de media en Europa- no tiene capacidad de atender la demanda de las personas que más lo necesitan”, ha manifestado la edil, que, además, ha advertido al Gobierno de Espadas que se está saltando la legislación e incumpliendo su obligación de “garantizar un derecho fundamental como es el derecho a vivienda, y no, como ya denunciara el defensor del pueblo en 2006, la de facilitar la formación de patrimonios privados o familiares”.
“Cuando se van a querer enterar en plaza Nueva de que el resto de las administraciones, tanto a nivel autonómico, como estatal e internacional, desaconsejan que se continúen destinando los recursos públicos a la promoción de vivienda para la venta, y dirigen las ayudas y la financiación que administran al fomento de la vivienda social en alquiler” ha manifestado la edil de Participa Sevilla.
Para concluir, Honorato se ha preguntado “¿por qué y para quién se siguen promoviendo vivienda desde EMVISESA si no cumplen los necesarios criterios sociales, ni legales?”, ya que la nuevas promociones de esta empresa pública no van a contribuir a aumentar el parque de vivienda social, que resulta tan necesario, ni responden a las posibilidades de la mayoría de los demandantes y, además, nos impiden optar a cuantiosas subvenciones, así como a financiación ventajosa. En este sentido, ha puesto el ejemplo de las 16 viviendas protegidas que se van a construir en la calle la María, junto al Casco Histórico, y que admiten beneficiarios con rentas superiores a los 40.000 euros.
De esta forma, al menos, 118 de estas 236 viviendas que se van a promover para la venta en Régimen General, se deberían destinar a personas con ingresos inferiores a 2,5 veces el IPREM, algo menos de 18.800 € anuales, y en régimen de alquiler o de cesión de uso. “Espadas se salta una vez más la obligación de entender las políticas de vivienda como una herramienta para garantizar el acceso a la vivienda de todas las personas”, según ha manifestado Cristina Honorato, portavoz adjunta de Participa Sevilla.
Además, Honorato ha denunciado que “estas actuaciones no tienen ningún sentido”, ya que el 95% de las personas demandantes de vivienda inscritos en el Registro Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida cuentan con ingresos inferiores a 2,5 veces el IPREM y que en su mayoría, no tienen capacidad económica, ni posibilidad de endeudamiento para adquirir una vivienda por compraventa.
“Sevilla sigue sin apostar de forma contundente por la vivienda pública, y eso a pesar de que el ridículo parque de vivienda social con el que cuenta,-sólo el 2,3% del total frente al 15% de media en Europa- no tiene capacidad de atender la demanda de las personas que más lo necesitan”, ha manifestado la edil, que, además, ha advertido al Gobierno de Espadas que se está saltando la legislación e incumpliendo su obligación de “garantizar un derecho fundamental como es el derecho a vivienda, y no, como ya denunciara el defensor del pueblo en 2006, la de facilitar la formación de patrimonios privados o familiares”.
“Cuando se van a querer enterar en plaza Nueva de que el resto de las administraciones, tanto a nivel autonómico, como estatal e internacional, desaconsejan que se continúen destinando los recursos públicos a la promoción de vivienda para la venta, y dirigen las ayudas y la financiación que administran al fomento de la vivienda social en alquiler” ha manifestado la edil de Participa Sevilla.
Para concluir, Honorato se ha preguntado “¿por qué y para quién se siguen promoviendo vivienda desde EMVISESA si no cumplen los necesarios criterios sociales, ni legales?”, ya que la nuevas promociones de esta empresa pública no van a contribuir a aumentar el parque de vivienda social, que resulta tan necesario, ni responden a las posibilidades de la mayoría de los demandantes y, además, nos impiden optar a cuantiosas subvenciones, así como a financiación ventajosa. En este sentido, ha puesto el ejemplo de las 16 viviendas protegidas que se van a construir en la calle la María, junto al Casco Histórico, y que admiten beneficiarios con rentas superiores a los 40.000 euros.
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