El concejal y diputado provincial de Participa Sevilla, Julián Moreno, a través de un hilo en su cuenta personal de twitter (https://twitter.com/JulianMoreno_V/status/1052514562187165698) ha catalogado como “bochornoso” y “dejación de funciones encubierta” la decisión del Gobierno de Juan Espadas de que el Ayuntamiento se retire de los tres frentes judiciales en los que hasta ahora estaba personado como acusación particular: caso Fitonovo, incluido dentro de la macrocausa Madeja, en el que se investiga una trama de corrupción en el Ayuntamiento que afectaría a empresarios, responsables políticos y funcionarios; la investigación sobre el presunto fraude en las oposiciones de la Policía Local de Sevilla; y, por último, sobre la investigación por el expolio en la antigua sede de la Policía Local en la isla de la Cartuja.
Además, Moreno ha considerado esta decisión “desacertada” porque existe un principio constitucional (artículo 103) que dice que todas las administraciones públicas deben proteger sus intereses. Y, por tanto, siempre, las administraciones públicas pueden apelar cualquier decisión hasta el final. Para justificar esta decisión el Ayuntamiento de Sevilla pone encima de la mesa un “concepto jurídico totalmente arbitrario, indeterminado y subjetivo, que puede desembocar en arbitrariedad”, según Moreno.
En derecho calificar algo como 'especialmente' es abrir una “puerta a la subjetividad” y a que el Ayuntamiento decida presentarse en casos judiciales en “función de intereses partidistas” y no para defender los derechos de la ciudad. “En un tiempo en el que los casos de corrupción copan habitualmente los telediarios, el Ayuntamiento de Sevilla, con esta decisión, se posiciona como permisivo hacia la corrupción o el amaño de oposiciones”, según el edil de Participa.
Por otro lado, Moreno explica que la decisión municipal sobre declarar o no los casos como 'especialmente perjudicado' se produce sin establecer criterios objetivos: a partir de qué cuantías económicas el Ayuntamiento sí estaría siendo especialmente perjudicado o si se consideraría de esta forma a infracciones urbanísticas muy graves en urbanismo o en materia de vulneración de derechos laborales de malversación de fondos públicos.
“Somos el cuarto Ayuntamiento de Estado, con magníficos profesionales juristas y de letrados en la plantilla, y no solo no deberíamos retirarnos de estas causas, sino que deberíamos apostar por contar con más personal y más medios para poder poner barreras a cualquier caso de corrupción”, según Moreno.
En este sentido, Moreno ha denunciado que no se puede seguir “manchando la imagen del Ayuntamiento y de la Policía Local” porque se investigue si hubo un amaño de una oposición que benefició supuestamente a 37 agentes o si la trama de Fitonovo que desvió millones de euros de Parques y Jardines en beneficio de algunos empresarios, cargos públicos y funcionarios. “No nos olvidamos que por la mala gestión de Parques y Jardines durante años, este verano se han tenido que talar miles de árboles”, ha apostillado el edil.
Para concluir, Moreno ha resumido que esta decisión se desmarca de todo criterio “racional y objetivo” y se deja barra libre para que la decisión recaiga en el responsable político de turno, que difícilmente va a personarse en casos de su propio color político y sí va a intentar judicializar los casos en los que pueda dañar a su oponente político y no simplemente cuando la ciudad se haya podido ver perjudicada.
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